El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos denunció intentos de estafa en su nombre
La entidad radicó una denuncia penal ante la Fiscalía en turno de Paraná por reiterados llamados telefónicos engañosos. Advirtió que personas desconocidas utilizan el nombre del organismo y referencias institucionales inexistentes para intentar obtener información y realizar maniobras fraudulentas.
COMUNICADO DE PRENSA
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos radicó una denuncia penal ante la Fiscalía en turno de Paraná, ante los reiterados intentos de estafa que personas inescrupulosas han efectuado invocando el nombre de la entidad.
Se trata una maniobra perpetrada a través de llamados telefónicos engañosos que pretenden vulnerar la voluntad de las personas en distintas localidades de la provincia, a partir de referir a autoridades y vínculos institucionales inexistentes.
La presentación judicial fue realizada el 10 de septiembre pasado por la representación legal de la entidad, con la asistencia técnica de su cuerpo de asesores jurídicos, en orden a los delitos de usurpación de títulos y estafa en grado de tentativa (arts. 42, 172, 173 inc. 16 y 247 del Código Penal) contra autores desconocidos y/o quienes resulten penalmente responsables.
Las acciones legales se sustentan en el material probatorio recabado por matriculados y ciudadanos, quienes hicieron llegar capturas de pantalla, registros de llamadas y testimonios sobre la modalidad de contacto utilizada por los ciberestafadores.
Desde la Mesa Directiva del CPCEER se remarca enfáticamente que el Consejo Profesional no realiza llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp ni contactos por medios informales para solicitar claves bancarias, datos personales, transferencias de dinero ni la validación de tokens de seguridad.
La institución continuará colaborando activamente con la Justicia Penal para lograr identificar a los perpetradores y de esa forma evitar que se reiteren este tipo de acciones ilícitas que atentan contra la buena fe de la comunidad y la seguridad patrimonial de profesionales y contribuyentes, al tiempo que ratifica su compromiso con el resguardo institucional y la protección de su matrícula.